Susana no pudo hacerlo.
Cada vez que salía de un prostíbulo, denunciaba el lugar, entregaba nombres, direcciones y todo lo que había reunido, e insistía para que hubiera allanamientos. Y cuando finalmente llegaban, casi siempre después de una enorme presión pública, ella estaba allí para recibir a las sobrevivientes.
Llegó a sacar a 129 jóvenes de esas redes.
Ciento veintinueve mujeres y chicas víctimas de trata pasaron por su casa en distintos momentos. Les consiguió abogados, las acompañó en las noches de terror, declaró por ellas y las ayudó a reconstruir vidas que les habían robado.
Lo que había descubierto iba mucho más allá de delincuentes aislados.
Había policías avisando a los tratantes antes de los operativos. Había funcionarios judiciales que dejaban caer causas o dictaban resoluciones escandalosas. Había un sistema entero que no solo fracasaba en detener la trata, sino que muchas veces la facilitaba.
Susana dio nombres. Presentó pruebas. Hizo imposible que Argentina siguiera fingiendo que no veía.
En 2008, en medio de esa presión social y política, Argentina sancionó su primera ley nacional contra la trata de personas. La norma tipificó el delito, estableció mecanismos de protección para las víctimas y abrió herramientas para perseguir a tratantes y cómplices.
El precio fue inmediato.
Amenazas de muerte. Llamadas anónimas diciéndole que dejara de hablar o desaparecería como su hija.
Le incendiaron la casa.
Sobrevivió.
Y siguió.
En 2012, trece personas fueron juzgadas por el secuestro y la explotación de María.
Los jueces absolvieron a todos.
👉🏻👉🏻👉🏻
Para ver las instrucciones completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>). No olvides compartirlo con tus amigos en Facebook.
